El debate acerca de la importancia de los gobiernos
locales, la gestión de los mismos y el hecho manifiesto de aproximar a la
ciudadanía a la democracia como un todo, está en boga en una parte muy importante
de los estudios que trae consigo la ciencia política en nuestros días.
El municipalismo se entroniza como canalizador de un
ente abstracto y un tanto etéreo como es la democracia. En la mayoría del los
casos, los entes locales, han sido el canal por el que vehicula todas las
políticas públicas que configuran el Estado del Bienestar y en última instancia
son los ciudadanos de estos núcleos los beneficiarios directos de las mismas.
Los
municipios son el punto de encuentro más cercano entre sociedad civil e
instituciones democráticas. Por ello, los defensores del municipalismo como uno
de los pilares base de nuestra democracia, entienden la necesidad de avanzar
aún más si cabe en la autonomía de los entes locales para hacer efectivo el fin
último de la democracia, generadora de la igualdad de oportunidades entre la
colectividad de individuos.
La coyuntura
actual invita a replantearse el modo de gestión de los titulares del gobierno
municipal. La cada vez más exigente ciudadanía clama a la clase política local
una mejora en la gestión acompañada de resultados constatables. En este
contexto, el código de buen gobierno local se hace necesario para dar respuesta
a esta sociedad civil que ven como los gobiernos locales necesitan transformar
los patrones anteriores y regirse por una nueva forma de entender la lógica del
municipalismo.
Conscientes de estas demandas, el Consejo de Poderes
Locales y Regionales del Consejo de Europa ha confeccionado una suerte de
manual que recoge las pautas de comportamiento de las autoridades locales
destinadas a las diferentes regiones y
municipios de la Unión Europea.
A primera
vista, nos sobrevuela una serie de cuestiones, ¿es imprescindible la puesta en
marcha de un código que regule el comportamiento de los gobiernos municipales?,
¿se está en cierto modo menoscabando el programa político del gobierno local
con la imposición de este código ético?
El objetivo principal de los llamados códigos de
conducta para la integridad de los representantes locales electos aboga por
recuperar un aspecto que entendemos capital para el mejor funcionamiento en la
relación reciproca ciudadano-clase política.
La confianza como valor político entre elector y represente político
ha estado expuesta a un deterioro y a día de hoy en muchos casos esta brilla
por su ausencia. Ello ha dado lugar a fenómenos como la desafección política de
una parte del electorado que enjuician de forma negativa la gestión política de
sus gobernantes. Esta desconfianza se traduce en multitud de casos de mala
gestión, corrupción unida al clientelismo y porque no decirlo, una ausencia de
transparencia en la gestión. Dichos elementos han creado el caldo de cultivo necesario para el nacimiento de la desconfianza entre una buena parte de la ciudadanía.
En este
sentido, la democracia sin confianza esta llamada a fracasar. Por ello se hace
necesario establecer los mecanismos necesarios para insuflar una dosis de este valor político a los actores implicados en la res pública.
El código establece la máxima de que no se puede imponer
obligaciones sin que se ofrezcan garantías que permitan a los representantes
locales y electos cumplir sus deberes, en este sentido, las indicaciones
puestas de manifiesto en el código no coartaran la libertad del gobierno
municipal en el ejercicio de su mandato.
¿Cuáles son los principios que pregona el Código del
Buen Gobierno Local?
Nos podemos encontrar con cuatro rasgos
diferenciadores que el mencionado código de buenas prácticas pone de
manifiesto. La gestión y calidad de los
recursos municipales, la democracia participativa son las notas dominantes en
este sentido. Si nos detenemos en la lectura que hacen referencia a la gestión,
nos topamos con conceptos tales como eficiencia, modernización, austeridad,
cercanía con la ciudadanía, transparencia, equidad, evaluación etc. Traigo a
colación dichos términos porque el discurso que se pretende dar al código no se
escapa de las formulas que traen consigo la doctrina de la NGP, es decir, la
actuación en cuanto a la gestión de los servicios municipales se adecuan en
cierto modo a la corriente de reforma de la administración pública abanderada
en buena medida por la Nueva Gestión Pública.
Desde el ámbito de la democracia deliberativa
encontramos novedades que tienden acercar al conjunto de la ciudadanía con las
instituciones políticas municipales. Estas actuaciones se traducen en una
apuesta por la interactividad constante entre los ciudadanos y la
administración local con el propósito de establecer los mecanismos necesarios
para que los entes locales se nutran de los verdaderos problemas
socioeconómicos dados en la comunidad de individuos. Esta idea, se conecta con
la defensa de una administración dialogante y receptora de las demandas
sociales que en el medio plazo puedan cristalizar en política pública.
Un paso previo para hacer efectivo lo expuesto anteriormente, se dirige al hecho de educar en valores cívicos y de participación a la
sociedad con el fin de crear en esta una conciencia participativa que
interactúe con el poder local.
Pero ¿es posible llevar a la práctica estos
principios? En determinados ámbitos la aplicación es harto compleja pero no
imposible. En municipios donde la población es pequeña. Eso es otro debate, que
evidentemente no podemos obviarlo y debemos tenerlo presente para conciliar
teoría con práctica.
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