Hoy traigo a colación un análisis que realice sobre
el mes de mayo para la asignatura Economía Española con el propósito de estudiar de
forma pormenorizada la recién implementada reforma en el mercado de trabajo en
España. Algunos confiaban que, con el cambio de algunos patrones por los que se
rige el mercado laboral, se solucionarían parcialmente los problemas del paro a
corto plazo y a posteriori sería uno de los pilares para la creación de empleo.
Craso Error y veremos porque. Ayer conocimos los datos del desempleo en España.
Tras unos meses en descenso en el pasado mes de agosto volvió a incrementarse
las cifras del paro. Creo necesario echar mano de este trabajo para vislumbrar
aquellos elementos más importantes de nuestro mercado de trabajo que con la
reforma se han visto afectados.
La base para el análisis de este trabajo se
desprende de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En primer lugar
debemos de preguntarnos la necesidad que ha propiciado que el ejecutivo de
Rajoy alentara la hechura y puesta en marcha del mencionado decreto
para hacer frente a una coyuntura
económica desfavorable en todos ámbitos.
En este sentido podemos advertir como antesala, los elementos capitales sopesados por el Consejo de Ministros que
sirven como justificación para la puesta en marcha de la Reforma del mercado de
trabajo de nuestro país. Es indudable, que la delicada situación económica de
Europa y especialmente de algunos países rivereños como es el caso de España ha puesto de manifiesto
la necesidad de acometer ajustes y/o reformas más o menos notables en las
estructuras macroeconómicas de estos Estados. Son muchas las variables en liza. La
cuestión que aquí abordamos se ciñe exclusivamente la variable mercado de trabajo, empleo y desempleo.
A poco que avancemos en la lectura de la exposición
de motivos del mencionado Real Decreto intuimos la perentoria urgencia para
hacer frente al incremento sin precedentes de las cifras del paro en España.
Por sectores, el desempleo es mayor en la población menor de 30 años, desempleo
de larga duración y el colectivo de mujeres. El punto de partida de la
remontada cifra de desempleo en España en buena medida, está condicionada por el desencadenamiento de
la crisis económico y financiera que se extendió por las principales economías
de occidente desde el verano de 2008 hasta nuestros días.
En España, si comparamos en perspectiva el aumento
de paro con otras economías de estados circundantes, la intensidad con la que
se destruye empleo es mucho mayor. Este factor cuanto menos trae de cabeza toda
la sociedad en su conjunto, clase política, sindicatos, patronal y ciudadanos.
En definitiva, ¿qué
ha de hacerse? Tras fracasar el diálogo social entre sindicatos-patronal-Gobierno,
este último en sintonía con los preceptos impuestos desde la Comisión Europea, introdujo
en la agenda política la elaboración de políticas públicas destinadas a crear
empleo a medio-largo plazo. El instrumento para alcanzar este objetivo se
traduce en la puesta en marcha de una profunda reforma del mercado de trabajo
en España que venga a sustituir los elementos más deficientes del mercado de
trabajo a juicio del ejecutivo del Partido Popular.
Como decíamos anteriormente, la reforma del mercado laboral introduce nuevos
aspectos siguiendo la línea de ajustes pregonada desde instancias europeas. Me
atrevería a bautizar la reforma laboral como reforma laboral a la “europea”.
La misma supone una transformación de calado
incidiendo principalmente en variables como, contratación y despido,
negociación colectiva y condiciones de trabajo. Sin mor a equivocarnos la
reforma laboral marca un punto de inflexión en relación al resto de reformas
laborales que se han prodigado desde los inicios de la Democracia española es,
por tanto, una reforma radical en el sentido de defender los postulados de la
patronal, organizaciones empresariales en detrimento de las valoraciones que
pudieran verter las plataformas sindicales. Ni que decir tiene la modificación
que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores en 28 puntos de su articulado.
Para ahondar en la materia desarrollaremos los
cambios más destacables que se ponen de manifiesto en la citada reforma. En
primer lugar abordaremos el factor contratación; la principal novedad que la
reforma establece sobre esta materia
hace especial referencia, a la creación ex novo, del nuevo contrato indefinido
denominado “de apoyo a los emprendedores”. El mismo está dirigido a las
empresas que empleen a menos de 50 trabajadores.
La
denominación del contrato es cuanto menos curiosa dado que no es condición sine
qua non, que una determinada empresa no se rija por la idea emprendedora. El nuevo modelo de contratación establece la
posibilidad de entablar contratos de prueba
por periodos de 1 año traduciéndose en un despido del trabajador una vez
expire dicho contrato sin que el empleado pueda recibir ningún tipo de
indemnización por el trabajo realizado.
No obstante, la reforma laboral ha puesto especial
énfasis en materia de despido poniendo de manifiesto una serie de cambios de importante
calado y porque no decirlo profundos e
intensos. Pasemos a esbozar las líneas más importantes en este sentido. La idea
básica que se desprende en relación a los cambios en materia de despido, se
dirigen para facilitar y abaratar el mismo. Uno de esos cambios se refiere a la
supresión de la posibilidad de reconocimiento por el empresario de la
improcedencia del despido, lo que se conoce como despido exprés “con la finalidad de potenciar el despido por causas
objetivas de menor indemnización por despido”[1].
Otra de las cuestiones más controvertidas versa
sobre la rebaja de la indemnización por despido improcedente relativo al
contrato indefinido de 45 días con derecho a salario por año de servicio o
trabajado a 33 días con la reducción automática del techo máximo de 42 a 24
mensualidades “con un sistema de retroactividad parcial de las indemnizaciones
que pueden afectar negativamente a los derechos adquiridos por los
trabajadores”.
Un tema capital, el abaratamiento del despido “la
ampliación de las causas por despido objetivo
o procedente (con una indemnización de 20 días de salario por año de
servicio con máximo de 12 mensualidades), especialmente de las económicas, al
abaratar la disminución de los ingresos o de las ventas durante tres trimestres
consecutivos; y la supresión de la necesidad administrativa de los despidos
colectivos y por tanto de los ERE”.
Por otro lado las condiciones de trabajo han sido
objeto de modificaciones reseñables favoreciendo a la flexibilidad interna y
salariales de las empresas. Así pues, esas modificaciones se traducen en una
mayor movilidad funcional y geográfica de los propios trabajadores dentro de la
empresa en la que prestan sus servicios.
La novedad que más destaca en este sentido tiene
que ver con la posibilidad del empresario pueda llevar a cabo estas
modificaciones de forma unilateral sin contar con la participación del comité de empresa para
abordar, por ejemplo un caso de traslado geográfico de un empleado a un lugar
distinto de trabajo. El único límite que nos podemos encontrar en relación a
esta modificación descansa en el Convenio Colectivo por el que se rija la empresa.
Ahora bien cuando las modificaciones de las
condiciones de trabajo suponga un menoscabo o una inaplicación de lo que prevea
en el Convenio colectivo, si hubiera alguna discrepancia en el seno de la
empresa (patronal-trabajadores) se podrá acudir en primer término a efectos de
dar solución al conflicto a los procedimientos que se tipifican en la normativa
laboral anterior a la reforma. Si se da la circunstancia de no haber logrado
una solución a las discrepancias por la vía que hemos hecho mención anteriormente,
la reforma laboral introduce el arbitraje de la Comisión Consultiva de
Convenios Colectivos o de los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas según al ámbito de aplicación del convenio.
No obstante, en materia de negociación colectiva
podemos encontrarnos dos puntos clave que la reforma laboral ha incidido
especialmente.
En primer
lugar nos encontramos con la prioridad aplicativa de los convenios colectivos.
La modificación respecto a la anterior legislación laboral se manifiesta en
base a los convenios sectoriales ni los acuerdos interprofesionales puedan
disponer de la mencionada prioridad aplicativa, lo que nos lleva a pensar en la
existencia de una contradicción en base al principio de autonomía de las partes
consagrado en los artículos 82.1 y 83.1[2]
del Estatuto de los Trabajadores.
En segundo lugar la reforma pone su punto de mira en
el denominado principio de la ultraactividad. Traemos a colación el mencionado
principio porque supone una modificación notable que la reforma laboral
introduce en el mismo. Los cambios se traducen en los siguientes; cuando hayan
transcurrido dos años desde la denuncia del convenio y sin que hubiere
cristalizado un acuerdo entre las partes para con la realización de un nuevo
convenio colectivo, el propio convenio perderá su vigencia aplicándose el
convenio de ámbito superior que corresponda. Se puede dar la circunstancia de
la no existencia de un convenio colectivo de ámbito superior, si no lo hubiere
se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores.
Esbozadas a grandes rasgos las principales
modificaciones que vienen de la mano de la Reforma laboral, se nos abre la
reflexión marcada por aspectos políticos que subyacen del propio Real Decreto
Ley.
Ya al comienzo de este trabajo hicimos mención de la
falta del acuerdo o consenso entre las
partes implicadas para la consecución del proyecto de reforma laboral.
Una de las partes, sindicatos y trabajadores han visto truncadas sus
expectativas dado la falta de información no suministrada por el gobierno popular,
de cara, a la elaboración de los puntos fuertes de la reforma. Esta falta de
acuerdo puede mermar la eficacia y efectividad a la hora de poner en práctica
la reforma en su conjunto. Los sindicatos denuncian en primer lugar la ausencia
de diálogo político con el Gobierno y la patronal.
No cabe duda que para el Ejecutivo liderado por
Mariano Rajoy el objetivo de la reforma es hacer frente a la destrucción masiva
de empleo para caminar en el medio y largo plazo en el sendero de la creación
de puestos de trabajo. Evidentemente la reforma no va a crear por sí sola
empleo en el corto plazo máxime cuando la coyuntura económica no es la propicia,
reducción del PIB, recesión, ajustes económicos etc el clima no invita,
precisamente, a contratar trabajadores mientras
que por otro lado, como hemos definido en párrafos anteriores, la reforma
esconde elementos ya expuestos, destinados a facilitar el despido, reducción de
salarios y modificación de las condiciones de trabajo. Los economistas
advierten y no sin razón que la una de las pocas fórmulas empíricamente veraces
para la contratación y la creación de puestos de trabajo tiene que venir de la
mano de un crecimiento sostenido del PIB nacional superior en todo caso al
2.5%.Precisamente las previsiones realizadas por diferentes instancias
económicas de ámbito nacional, europeo y mundial para España no son nada halagüeñas puesto que
la economía española ha entrado en
recesión en el segundo trimestre del año reduciendo así su PIB en términos
porcentuales
En definitiva podemos decir tras el estudio más o
menos minucioso del Real Decreto Ley, que la reforma es incompleta por las
razones expuestas y además por no reducir la contratación temporal puesto que en la reforma no encontramos ninguna medida para limitar la contratación temporal
exceptuando la prohibición del encadenamiento de contratos temporales de un
mismo trabajador.
El papel del servicio público como generador de
empleo queda menoscabado para dar un mayor protagonismo a las Empresas de
Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación
teniendo su razón de ser en las políticas de ajustes y de reducción
del déficit impuestas al Gobierno de
España desde Bruselas.
Y tampoco es una reforma equilibrada en el sentido
del papel que han jugado en los mismos sindicatos y patronal. La balanza se ha
decantado a favor de los segundos favoreciendo al mundo empresarial para
establecer su criterio en las relaciones laborales empresario-trabajador.
Muchas sombras y pocas luces se prodigan en el texto
de la Reforma laboral. No existe un equilibro entre las partes y por tanto si
se imponen criterios sin la posibilidad de ser negociados a partes iguales su
aplicabilidad al conjunto de la sociedad cuanto menos de dudosa eficacia.
Por, José Antonio Zújar Chaves.
Sevilla, Mayo de 2012.
[1] Véase
en PÉREZ INFANTE José Ignacio Otra vuelta de tuerca: La nueva Reforma Laboral,
Marzo de 2012
[2] Artículo 82. Concepto y
eficacia.
1.
Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los
representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la
expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía
colectiva.
Artículo 83. Unidades
de negociación.
1.
Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden.
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